Entorno digital de las empresas y cumplimiento normativo penal

El cumplimiento normativo en general y las consecuencias penales a las que se enfrenta una compañía en particular son un asunto troncal a la compañía en sí misma, pero a su vez ello puede tener una especial trascendencia en el ámbito digital de forma particular.

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Por todo ello cabe señalar la necesidad de tener un planteamiento holístico del asunto relacionado, pues no debemos olvidar que la responsabilidad penal corporativa es inherente a la integridad de la misma, sin que ello quite que la misma resulte condicional.

A este respecto cabe señalar lo que dicta el artículo 31 bis del vigente CP cuando señala que “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables”.

A colación con lo anterior decir que resulta especialmente reseñable lo establecido en el punto primero del artículo 31 ter del mismo CP, el dicho precepto señala que:

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos”.

Y siempre que,

“La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente” (punto segundo del artículo 31 ter CP).

Lo anterior nos conduce a resaltar una cuestión capital: el debido control por parte de la empresa será determinante para determinar (permítase la redundancia) la posible responsabilidad penal de la misma ante unos potenciales hechos que se puedan producir.

Por todo ello no nos encontramos ante un asunto que pueda ser escogido meramente desde una única visión, prisma o enfoque, sino que el mismo debe de ser abordado desde todos los frentes posibles.

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Acerca de Jordi G. Castillón

Empresario.
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