Los drones y las empresas: legislación

Múltiples son las áreas en la legislación con las que se debe lidiar en el entorno de las empresas en todo lo que tiene que ver con el entorno digital de las mismas, y los sistemas de aeronave no tripuladas operadas por control remoto (más comúnmente conocidos como drones) no resultan ninguna excepción.

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Este tipo de dispositivos cada vez están más presentes entre nosotros y ya forman parte de una realidad diaria para muchas empresas, en algunos casos para labores de inspección o de seguridad en el ámbito industrial o en cualquier otro, en otros casos para labores técnicas (como por ejemplo en el entorno agrícola) o en otros casos para usos creativos.

Sea como fuere estos aparatos ya son necesarios para la actividad diaria de muchas empresas, cada día serán más indispensables y están destinados a convertirse en una nueva realidad extendida globalmente al conjunto de la sociedad en general y de las empresas en particular en pocos años.

Por todo lo anterior una legislación acorde a los usos de estos aparatos resulta indispensable y cierto es que el legislador ha ido incorporando importantes novedades legislativas al respecto (por ejemplo en nuestro entorno más cercano merece una especial atención la ley 18/2014, de 15 de octubre), pero cierto resulta también que aún queda mucho camino por recorrer.

Al tenor de lo establecido legalmente por la ley sobre la necesidad de que el uso de muchos de estos dispositivos requiera de un piloto remoto debidamente capacitado, mencionar que algunos de los requisitos indispensables que se exigen en la actualidad son los siguientes:

El piloto remoto debe ser mayor de edad, debe disponer de un certificado médico que habilite que se encuentra en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para pilotar, y requiere de un certificado de conocimientos teóricos y otro de prácticos sobre pilotaje.

Y sobre esta necesidad de certificarse en un curso de pilotos de los denominados RPAS, debe especificarse que tal certificación deberá obtenerse -entre otras consideraciones que podrían realizarse- en alguna organización conforme al ANEXO VII del Reglamento UE nº 1178 /2011, de 3 de noviembre.

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Acerca de Jordi G. Castillón

Empresario.
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