La validez de las comunicaciones de las administraciones públicas en el marco del RGPD

La definitiva obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el RGPD ha despertado muchas dudas que afectan a todas las personas físicas y jurídicas, y también a las administraciones públicas en su relación con estas.

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En este caso nos ocupa determinar la validez o no de las comunicaciones (en el marco de lo establecido por el RGPD) de los ayuntamientos mediante datos personales (por ejemplo correos electrónicos o teléfonos a los que enviar información municipal) de los cuales dispongan en sus bases de datos.

La ley es clara al respecto: el tratamiento de los datos personales que lleven a cabo las administraciones públicas debe de ser lícito, y para que resulte lícito se debe cumplir con lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Pero, ¿qué es un uso lícito de los datos personales por parte de las administraciones públicas, entre estas los ayuntamientos?  Veamos.

En el caso de las administraciones públicas debe de tenerse presente que las mismas podrán comunicarse con nosotros cuando deban dar cumplimiento a una obligación legal o cuando den cumplimiento a un asunto de interés público o que forme parte de los poderes públicos que como ente se le confieren, pero más allá de esto nada.

Y ese “nada” es muy importante de señalar, pues que las administraciones públicas puedan tener algunas facultades conferidas no les habilita para contactarnos ni disponer de nuestros datos para ninguna otra situación.

Para tales casos, para los casos en los cuales un ayuntamiento desee comunicarse con nosotros para otros fines deberá contar con nuestro consentimiento expreso y el mismo deberá de ser dado de forma libre, inequívoca, podemos revocarlo en cualquier momento y, muy importante, debe de ser especifico para la finalidad en concreto de la que se trate.

Cuando lo anterior no se produzca y en aquellos casos en los que se haya “forzado” la obtención de los datos sin el consentimiento mediante nuestra acción directa y parametrizada según lo indicado anteriormente, nos podremos encontrar ante un uso indebido de nuestros datos por parte del poder público.

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Acerca de Jordi G. Castillón

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